Diputadas y diputados del PAN y PRD, presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal de Guanajuato para tipificar e incrementar sanciones ante el reclutamiento y utilización forzada de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Te contamos los detalles.
¿Qué establece esta iniciativa de reforma?
Tipificar como delito autónomo el reclutamiento y utilización forzada de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos, y agravar las sanciones para quienes cometan este acto.
El diputado José Erandi Bermúdez Méndez mencionó que el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales constituye una de las situaciones más graves y lacerantes de violación a los derechos humanos en México, toda vez que se calcula que, desde hace más de 15 años, entre 35 mil y 45 mil niñas, niños y adolescentes han sido reclutados cada año en el país, junto a que en 2020 se estimaba que entre 145 mil y 250 mil menores vivían en zonas bajo riesgo de captación para la delincuencia organizada.
¿Qué municipios de Guanajuato tienen mayor incidencia de este delito?
El congresista indicó que la Secretaría de Gobernación identificó de acuerdo con un análisis que llevó a cabo la identificación de 18 entidades federativas propensas al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes con fines delictivos, en el que se identifican 50 municipios de alta incidencia de reclutamiento, destacando Guanajuato con los municipios de León, Celaya, Irapuato, Apaseo el Grande, Salamanca y Yuriria.
¿Qué alcances tiene esta iniciativa de reforma?
Garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el realizar acciones legislativas para garantizar además el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, pues al carecer en el país de una tipificación específica del reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes como una figura delictiva o tipo penal independiente o autónomo, ha propiciado la impunidad para los integrantes de diversos grupos delictivos, existiendo tipos penales que describen parcialmente la conducta.
La iniciativa desincentiva las redes criminales que se benefician económicamente de la explotación de menores, impactando de manera positiva en la seguridad pública y la actividad económica local. Al tratarse de un delito imprescriptible, se robustece la eficacia del sistema de justicia penal, enviando un mensaje claro de que estas conductas no quedarán impunes, lo cual incide en la confianza social y en la gobernabilidad.
¿Qué sigue?
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
