Diputadas y diputados del Congreso del estado de Guanajuato presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política estatal, que pretende sancionar con la suspensión de sus derechos políticos, electorales y civiles a quienes hayan sido encontrados, por resolución judicial firme, como violentadores de otras personas.
La propuesta busca que no se puedan registrar como candidatas para cualquier cargo de elección popular o ser nombradas para un cargo en el servicio público, aquellas personas que:
-Estén prófugas de la justicia
-Que tengan una sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; por violencia familiar, violencia doméstica o por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
La misma premisa sería para quienes sean ministros de cualquier culto religioso bajo los términos que señalen las leyes respectivas; el consejero presidente o consejero electoral y el secretario ejecutivo del organismo público electoral local; si ocupo el cargo de magistrado presidente o electoral del órgano jurisdiccional en materia electoral; a menos de que se encuentren separados de sus cargos de manera definitiva por tres años antes del día de la elección.
¿Y esto para qué me sirve?
La iniciativa de reformas constitucionales busca establecer mecanismos preventivos, como requisitos de elegibilidad, para procurar que quienes posean perfil agresivo, violento o irresponsable no accedan a los puestos de decisión públicos ni a los cargos de elección popular, comisiones o empleos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen; y a la Comisión para la Igualdad de Género para su opinión.
