En el Congreso del estado de Guanajuato se presentó un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, a fin de que expidan la Ley General de Aguas.
Lo anterior, debido a que han fenecido en exceso, los plazos establecidos en el artículo tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 8 de febrero de 2018 por el que se reformó el párrafo quinto y se adicionó un párrafo sexto al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el establecido en la resolución de la Controversia Constitucional 56/2020, de fecha 25 de enero de 2022.
¿Cuál es el objetivo de la expedición de la Ley General de Aguas?
Es con el fin de proporcionar al país y consecuentemente al estado, un ordenamiento jurídico, que defina las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía.
Se explicó que la autoridad encargada de la planeación, coordinación, promoción, fomento, apoyo, gestión y coadyuvancia respecto a la política hídrica del estado es la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, organismo descentralizado que ha encontrado limitaciones al depender en gran medida de la información y acciones de la Comisión Nacional del Agua y de los municipios.
Y es que los organismos operadores no cuentan con un control fidedigno sobre la administración de sus aprovechamientos y tampoco logran brindar la información necesaria al orden estatal sobre la situación de cada municipio, lo que ha originado adeudos a la Comisión Nacional del Agua, controles sanitarios deficientes sobre sus pozos, irregularidades en la vigencia de sus títulos de concesión y omisiones en el monitoreo de los volúmenes de extracción y descarga de aguas.
¿Y esto para qué me sirve?
La necesidad de contar con una Ley de Aguas en el estado es para que se otorguen mayores herramientas a la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato para poder cumplir con su objeto y mejorar la política estatal en materia de aguas, que por la falta de una ley general genera la incertidumbre de iniciar procesos legislativos que a la larga sean considerados inconstitucionales.
El punto de acuerdo fue turnado para su dictaminación a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Congreso del estado de Guanajuato.
