Legisladores guanajuatenses formularon una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el estado de Guanajuato, para incorporar la obligación del estado y municipios de abstenerse a contratar deudores alimentarios.
En su exposición de motivos, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo manifestó que el derecho de alimentos va más allá de la mera comida, pues como se ha reconocido en el Código Civil estatal, los alimentos incluyen la comida, pero también el vestido, la habitación, la asistencia en casos de enfermedad y las expensas necesarias para la educación obligatoria.
Indicó además que el incumplimiento de la pensión o ministración de los alimentos vulnera el bienestar de la niñez y, en la mayoría de las ocasiones, de las mujeres, pues al no brindar una correcta manutención del menor, dejan a las mujeres con una responsabilidad desigual en la crianza y desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los menores en el núcleo familiar.
¿Cuál es el objetivo de la propuesta?
La legisladora indicó que la propuesta surge de la necesidad de proteger tanto a las niñas, niños y adolescentes, como a las mujeres, por lo cual se pretende crear una medida para garantizar que las obligaciones alimentarias no sean incumplidas por los servidores públicos del estado o quienes aspiren a un cargo de elección popular.
¿Qué reforma se haría a la Constitución Política para el estado de Guanajuato?
Se propone incorporar constitucionalmente la obligación de que el estado y los municipios se abstengan de contratar como servidores públicos o empleados a personas que sean deudores alimentarios declarados judicialmente. Además, se propone suspender la prerrogativa consistente en la posibilidad de ser votados para los cargos de elección popular.
La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado de Guanajuato.
